Mapuches: cinco siglos y tres años igual

El jefe de la comunidad mapuche de Curruhuinca en Neuquén, Ariel Epulef, apeló esta semana el fallo judicial que favoreció al obispado local en la causa abierta contra su comunidad por impedir el uso de una capilla ubicada en el paraje de Quila Quina. El conflicto, que se desató el año pasado, comenzó cuando la comunidad indígena no permitió el uso de la capilla a quienes participaban de una procesión encabezada por el obispo Marcelo Melani, explicando que el edificio en cuestión estaba ubicado dentro de sus tierras. Epulef dijo ayer que “presentamos una apelación al fallo del juez Cosentino porque entendemos que nos corresponde el derecho ancestral sobre esas tierras”. “Además –agregó– así como nosotros respetamos la libertad de culto queremos que el Obispado también respete la nuestra”.

Conflictos judiciales de este tipo se multiplicaron en la provincia y, según la Sociedad Rural de Neuquén, existen “más de 50 campos usurpados” por los mapuches. El último pico de tensión fue hace tres semanas, cuando la comunidad Curruhuinca denunció a la Petrolera Piedra del Águila (PPA) que opera el yacimiento Los Leones de Picún Leufú. Según los mapuches, en esa oportunidad “120 efectivos de la policía antimotines irrumpieron en la comunidad, hicieron saltar candados y custodiaron el acceso de maquinarias de la petrolera, quienes procedieron a cavar para instalar nuevos ductos”.

Mañana se cumplen tres años de la aprobación de la ley 26.160, que declaró “la emergencia en materia de propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y exige la creación de un registro jurídico catastral en un plazo de tres años, que por supuesto ya se cumplió. La ley además exige que se suspenda “la ejecución de sentencias y actos procesales cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras”. Sin embargo, los pleitos y desalojos por la fuerza no fueron suspendidos desde entonces. “Los desalojos continúan en Neuquén y los jueces siguen manejándose con los parámetros viejos de la ley y no quieren ejecutar el marco normativo de la emergencia”, dijo Jorge Nahuel, portavoz de la Confederación Mapuche (COM).

El diputado provincial Rodolfo Canini le dijo ayer a este diario que “los intendentes no tienen herramientas para resolver estos conflictos. Los ejidos municipales son pequeños y lo que está entre ellos es territorio de la provincia: las tierras fiscales son de la provincia. Por buena voluntad que tengan, sólo pueden tener un rol informal en los conflictos”.

El ordenamiento territorial aún está en debate. La resistencia está en la conformación del ente que lo llevará a cabo. El Estado provincial pretende ser él mismo quien dirija el relevamiento. Nahuel señaló que “los mapuches no aceptamos que sea la provincia quien lo coordine porque es ella misma la que tiene la deuda histórica de tierras. Lo justo es que esté dirigido por organismos técnicos como la Universidad del Comahue y el INTA, con el consentimiento del órgano indígena”.

Escándalo por una publicidad de cerveza

Un comercial de cerveza Quilmes filmado en el Salón Dorado de la municipalidad de La Plata generó revuelo e indignación entre ediles opositores. Los concejales del PRO criticaron duramente la gestión local porque les “parece desubicado que un lugar de prestigio como lo es este Salón sea utilizado para ir en contra del mensaje mismo que pregona el distrito”, según señaló José Arteaga, uno de los líderes del PRO platense y promotor de la ordenanza para prohibir la venta de la “jarra loca” en la ciudad.

Arteaga acusó al gobierno platense de ir en contra de la ordenanza 9880, que prohíbe “todo tipo de mensaje visual con alusiones o publicidad relacionada con el consumo de alcohol, tabaco, bebidas energizantes e incentivación a juegos de azar”.

Según fuentes oficiales, el rodaje se enmarca dentro “de todos los cánones y cumple todos los requisitos” que acepta la Secretaría de Cultura para ser realizado allí. Además, formaría parte del ciclo de promoción “La Plata Filma”, que busca desarrollar la industria audiovisual.

Alumnos les dan letra a los legisladores

La iniciativa “Concejo Joven” es una experiencia pedagógica que permite que alumnos de colegios secundarios de la capital santafesina “sesionen” como si fueran verdaderos legisladores provinciales. Esta semana se elaboraron 17 proyectos de ley a partir de las propuestas de los estudiantes.

“Los temas son muy variados y estamos muy satisfechos con este segundo encuentro. Los planteos que han hecho los jóvenes nos sorprenden, pues tienen mucho para decir”, dijo el edil del frente Progresista Carlos Suárez.

Algunos de los proyectos que prosperaron a partir de las iniciativas de los adolescentes fueron la creación de un programa para achicar la brecha digital en los barrios periféricos de la ciudad y la implementación de un registro municipal de centros de estudiantes. Además, propusieron la creación de un parque de skate para favorecer el desarrollo de espacios de recreación y la posibilidad de crear guarderías infantiles en aquellos colegios secundarios cuyas alumnas tengas hijos.