Los desterrados del río, en la ciudad

Una vez fue un diputado. Les prometió el fin de la penuria, cierto ordenamiento. Las 200 familias que viven dentro de ese galpón del Onave, al lado de la estación de Chacarita, imaginaron el río, su antigua vida. Pero no pasó nada. Los desterrados de Yacyretá –un puñado de familias que antes vivía de la caza y de la pesca a orillas del Paraná– no volvieron a tener noticias de nadie y así la pasan: esperan que de un momento a otro suceda algo, algo que nunca sucede y que los obliga a volver a la calle, cartonear, buscar changas, subsistir a duras penas.

La construcción de la represa Yacyretá, a cargo del Ente Binacional compuesto por la Argentina y Paraguay, fue para ellos la perdición. Les anunciaron que a medida que se inundaran las costas que habitaban serían convenientemente reubicados, pero lejos del río, por lo tanto, el desarraigo implicaba además un cambio cultural. Nadie se opuso: les dijeron que sería mejor. El proceso comenzó a mediados de los 80 y duró hasta estos años. Fueron varias etapas: hubo, primero un dique, luego unas turbinas, la fauna fue desapareciendo, el agua comenzó a subir, las casas quedaron 25 metros abajo de la superficie y todo fue peor.

Fueron a parar a los pueblos del interior provincial. Anduvieron con pocos recursos por Ituzaingó, Mercedes, San Ignacio, Posadas. Experimentaron una extraña forma de la pobreza: extirpados de su lugar de origen, el cambio geográfico deshizo su identidad. Demandaron a la entidad bipartita en reclamo de una indemnización que, dicen, nunca llegó. Pero tampoco tuvieron suerte y el caso agotó instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Eso fue hace poco: como el máximo tribunal no se pronunciaba, decidieron venir a Buenos Aires para meter presión.

Llegaron en dos tandas. La primera, en febrero de 2007, fue de un grupo con mayoría de hombres. La segunda, en junio, las mujeres y los niños. El Gran Capitán los depositó en la terminal porteña. “Cuando bajamos del tren llovía torrencialmente, no sabíamos qué hacer. Había gendarmes, estábamos paralizados”, recuerda Fabiana, cuarenta y pico, nacida y criada en Posadas hasta que la sepultó la correntada.

Se entrevistaron con jueces de la Corte. Tuvieron la promesa de que estudiarían su caso. El expediente que dio origen a la parte judicial de esta historia se llama “Machado Juana Catalina y otros c/ entidad binacional Yacyretá sobre expropiación irregular”. Para ser concretos: los pescadores del Paraná, los oleros –fabricantes de ladrillos–, las lavanderas y varios aborígenes de la etnia mbyá reclaman una indeminización por la pérdida de las tierras y de sus fuentes de trabajo. Pero la Corte falló en contra, un fallo 4 a 3, y los desterrados se vieron, otra vez, vacíos.

“Sabés qué pasa, Yacyretá es el dinero.” El hombre se llama Juan Rodríguez.

–¿De qué vivía?

–Era pescador.

–¿Ahora?

–Hago lo que puedo. Me convirtieron en esto, en un piquetero mesopotámico.

Dice y afila una caña. Son las doce del mediodia en el galpón tomado. Es un hangar atravesado por dos grandes pasillos. Cada pasillo está dividido por planchas de madera aglomerada, como si se tratara de una sala de exposiciones con mostradores a cada lado. Dentro de cada tabique vive una familia. Hay una canilla para todos, el chamamé siempre y olor a caldo de gallina. En ese entorno, Obdulia Román se mueve como habituada. Antes vio cómo el agua tapaba su casa de Corrientes. Ahora la tapan los bártulos, amontonados en un espacio escaso. “Puede ser transitorio –dice–, esto puede pasar. Pero nos han prestado poca atención. Sólo en el hospital Durand nos ayudaron. El Estado sigue sin reconocer nuestro reclamo. Lo de los jueces fue una decepción.”

Pero ese fallo abrió un resquicio. El dictamen de Eugenio Zaffaroni, favorable a los sin tierra, admitía que la entidad binacional había cometido una violación de los derechos humanos. Decía más: que las indemnizaciones no eran tales y además insuficientes para reparar el daño. El argumento fue el gatillo que utilizó el abogado misionero Héctor Falicoff para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay abandono de persona por parte de la entidad. Yacyretá cometió un genocidio. Hay otros 80 mil reclamos contra la represa. La reparación que exigimos debe ser funcional”, dice quien trabaja en una ampliación de la demanda y que acaba de presentar una medida cautelar para que la represa no pueda subir sus cotas máximas, como se planea, para incrementar la producción de energía.

Falicoff movilizó hace un año a varios desterrados a las puertas del Palacio de Justicia. Aquella vez los hombres se encadenaron y realizaron una huelga de hambre que duró 17 días. Pero ni así lograron algo. Los desterrados, vencidos, volvieron entonces a protestar desde el galpón.