Fronteras cerradas para Patota

El fiscal nacional de investigaciones administrativas le solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que le prohíba salir del país a Guillermo Moreno, que se identifique qué cargo formal tiene el “patotero” Hernán Brahim en el INDEC, y que se designe un interventor judicial en el instituto de estadísticas. El fiscal es el mismo que hace un año y medio presentó la denuncia inicial contra Moreno por supuesta violación del secreto estadístico y falsificación de documentos públicos en el INDEC.

Garrido hizo la presentación luego de que Crítica de la Argentina contara, en su edición de ayer, el rol de “virtual” interventor de Brahim en el INDEC. El hombre, conocido como miembro de la patota que Moreno llevó a los alrededores de la quinta de Olivos la noche del 16 de junio para frenar el cacerolazo, también ocupa una oficina en el segundo piso del organismo. A pesar de que no está designado en ningún puesto, el lunes se presentó como “el responsable del instituto” frente a Nora Cortiñas, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ella había ido a buscar a la directora formal del organismo, Ana María Edwin, para pedirle explicaciones sobre los destrozos al local de ATE por un grupo no identificado.

En el escrito, el fiscal dice que “la cuestión ha trascendido el incremento de la violencia que insidiosamente se venía ejerciendo sobre los trabajadores, a punto tal que hasta la mismísima Nora Cortiñas ha tenido que levantar su prestigiosa e indiscutible voz para pedir lo que (el juez) debió hacer hace ya más de un año y que hoy es ineludible”.

En rigor, Garrido viene pidiendo a Canicoba Corral que active la causa desde el comienzo del expediente, en febrero de 2007. Su denuncia reveló gravísimas irregularidades producidas en el ámbito del INDEC, que afectaron el funcionamiento del organismo. En especial se concentró en los cálculos del IPC de Capital y Gran Buenos Aires, y de las anomalías en el IPC Mendoza. Con el paso del tiempo, el fiscal fue agregando más atropellos a su denuncia original: la alteración de las rutinas normales de trabajo de la Dirección de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que derivó en el desplazamiento de la titular del área Cintia Pok, que había pedido explicaciones sobre las últimas mediciones de la pobreza.

Ayer volvió a solicitarle al juez que “designe un veedor que garantice la conservación de la prueba que puede servir para el avance de la investigación” y que “está en riesgo mientras el organismo siga en manos del secretario de Comercio Interior”. Con esa misma intención, el escrito reclama que –frente a las versiones de renuncia de Moreno– el juez ordene “la prohibición de salida del país del nombrado, sin darle tiempo para que concrete sus aparentes intenciones que, por otra parte, serían coherentes con todo su comportamiento previo como instigador de falsedades, violador de secreto estadístico y de los derechos de los trabajadores del INDEC”. Éste es el sexto exhorto que Garrido eleva a Canicoba Corral durante la investigación. Hasta el cierre de esta edición, nadie en el juzgado aseguraba si esta vez habrá una respuesta.

Edwin cree que todo es un complot

La directora del INDEC, Ana María Edwin, repudió en un comunicado “toda acción violenta”. Pero denunció “la versión parcial e interesada de distintos medios de comunicación por parte de un grupo absolutamente minoritario de trabajadores del organismo, y con directo e inocultable interés político en los hechos”. Edwin consideró “inaceptable el permanente accionar de tan sólo cuarenta trabajadores que, so pretexto de un conflicto gremial y/o técnico, actúan políticamente con el innegable fin de posicionarse en una pelea sectorial”. Agregó que “resulta llamativa la oposición sistemática expresada por este pequeño grupo a cualquier tipo de innovación de los procesos de trabajo, más aún cuando en su accionar político son apoyados –no casualmente– por una singular comunidad de intereses”.