La falta de un “código de conducta” que regule la actividad de los hoteles e intervenga sobre este delito, es uno de los indicios que revelan que en el país, el turismo sexual aún no está entre las prioridades de la agenda publica.

AFEET es una asociación que nuclea a ejecutivas de empresas de turismo del país que impulsan la sanción de un Código de Conducta para fomentar que las empresas de turismo adopten acciones en contra de la explotación sexual comercial infantil, desde una perspectiva de Responsabilidad Social Corporativa.

El Código es un instrumento internacional, de adhesión voluntaria, que genera un valor agregado para las empresas que lo firman y pasan a integrar una Red en contra de la explotación sexual de los niños en el contexto de los viajes y el turismo.

De esta manera, los hoteles firmantes se comprometen a rechazar todo tipo de explotación sexual, brindar capacitación a los empleados de los hoteles para que denuncien irregularidades, elaborar reportes periódicos sobre la situación y rescindir contratos ante denuncias realizadas de personal que sea parte o cómplice de una red de explotación sexual.

AFEET comenzó a abordar la problemática en Argentina hace 10 años, pese a la resistencia del sector empresario e incluso de los periodistas, poco preparados para encarar el tema. “Nosotras intentamos realizar una tarea de información y sensibilización, para que la gente sepa que este es un tema que existe –señaló una de las directivas de la asociación-. Buscamos que los directivos de los hoteles tomen un compromiso y que capaciten a los empleados sobre esto, que es un delito”.

Actualmente, la Secretaría de Turismo, la organización End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Save The Children, profesionales del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, trabaja en la realización del Código de Conducta que se espera, podrá comenzar a implementarse a partir del próximo año.

La otra legislación clave, a la hora de detener la explotación sexual comercial, es la ley nacional sobre la trata de personas sancionada abril de este año en sintonía con los estándares fijados por el Protocolo de Palermo, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. La nueva ley es polémica: el principal cuestionamiento recae sobre el presunto consentimiento por parte de loas victimas mayores de 18 años. Menores o mayores, las victimas son golpeadas, violadas y amenazadas. Difícil consentir.

Un caso concreto. La policía recibe la denuncia y allana el prostíbulo o la wiskería y en el mejor de los casos encuentra gente, porque muchas veces les avisan a los proxenetas y cuando llegan los patrulleros, encuentran el lugar vacío o una fachada. “Pero supongamos que sí, que los encuentran -apuntó Cinilo-. Y les piden el DNI. Mucha de la documentación que tienen las victimas es falsa, de manera que esa certificación no alcanza”. Si la policía da media vuelta y se va, el allanamiento no sirvió de nada.

En la fundación que dirige Trimarco, trabajan para que haya policías que pregunten más. Y para que se tomen huellas digitales, para certificar la identidad en forma fehaciente. Y se verifique que sobre esa mujer o esa nena, no haya un pedido de búsqueda, entre otras cosas.

“Y para que la trata deje de ser la caja chica de la policía y deje de estar amparada por el poder”, sostuvo Cinilo. Uno de los últimos casos que tomó la asociación fue el de una mujer que se negaba a declarar en el juzgado. “No puedo –dijo-. El juez era cliente mío”.

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