Garabato es un pueblo pequeño del sediento norte santafesino. Como en toda la Cuña Boscosa, allí las tierras fiscales son tierra de nadie. Hace una semana, Oherli y Arriola, dos terratenientes de Garabato y Vera, fueron desalojados por usurpar durante dos años un lote fiscal de 1800 hectáreas. Por ley esas tierras estaban destinadas a 7 familias de pequeños productores de Garabato. “Los que usurpan son grandes vivos, dejan a los animales, ponen a un peón y manejan todo por detrás, no pagan impuestos y se llevan sus ganancias”, denunció el presidente comunal de Fortín Olmos, Héctor Gómez, otro de los distritos que sufre la usurpación de tierras del Estado. 

Las políticas de colonización del gobierno provincial tienen que ver con el reparto de tierras fiscales controladas por el Estado, en donde la propiedad asume, indefectiblemente, una función social. La ley provincial N° 12.901, aprobada en el año 2002, autoriza al Poder Ejecutivo provincial a ceder gratuitamente inmuebles rurales a familias de pequeños productores y comunidades aborígenes. Se descarta como beneficiarios a productores que tengan otros campos o no sean de la zona. Finalmente, el amparo de la ley benefició a 52 familias de pequeños productores de la Cuña Boscosa santafesina, pero desde hace dos años están luchando por disponer realmente de la tierra. Los ocupantes que deberían haber retirado sus animales por no haber reunido los requisitos que dice la ley, no lo hicieron.

FundaPaz, una ONG que ayuda a los aborígenes y pequeños productores a conseguir la propiedad de las tierras, solicitó el asesoramiento legal de la Fundación Servicio Jurídico Voluntario. “Ellos nos recomendaron que no se escriturara hasta tanto estuvieran vacíos de ganado ajeno. Por eso, intervino Fiscalía de Estado”, contó Martín Simón de FundaPaz.

“La ley 12.901 permite la regulación de unas 8.000 hectáreas del norte de la provincia, que son saldo de la colonización del año 68’. En total, se presentaron 82 familias y salieron adjudicadas 52, para ocupar 10 lotes, que por ley se les entrega en calidad de uso compartido. De los 10, cuatro están usurpados por ganado no perteneciente ni al Estado santafesino ni a los adjudicatarios. Se trata de los lotes 87, 21, 1 y 116”, explicó Horacio Moschen, quien también integra FundaPaz.

Los terratenientes de apellido Oherli y Arriola quedaban al margen de la ley. “Hubo gente que ha quedado muy dolida porque los dejaron afuera”, afirmó Hector Gómez, dirigente de Fortín Olmos dejando entrever la impunidad con la que los “dolidos” pueden usurpar las tierras. 

La Fiscalía de Estado intimó en tres oportunidades a Oherli y Arriola, pero no se dieron por enterados. “Es muy fácil usurpar tierras del Estado, y muy rentable, con la cantidad de abogados que hay. Aunque no se queden con el campo, los abogados demoran el proceso judicial uno o dos años, lo necesario para sacar dinero sin pagar tributos”, aseguró Gómez. Ante la falta de respuesta de los productores, el juez se dirigió al campo usurpado junto con la Guardia de los Pumas y “unos cuantos camiones para trasladar el ganado”, según contó Simón.

El intendente de Garabato, Manuel Muñoz, aseguró a Crítica de Santa Fe conocer a los intrusos de las tierras fiscales de su distrito. “Aquí los conocemos a todos y nadie se quejaba. Son productores de la zona. De todos modos, yo no me metí demasiado en las reuniones que se hicieron por estas tierras”, confesó. 

El caso de Oherli y Arriola, usurpadores del lote 87, no es un caso aislado para los lugareños. En Garabato y Fortín Olmos, distritos del departamento Vera, la lucha por la tierra es un estigma insoslayable. “Son cosas que la gente de la ciudad no entiende. Aquí vivimos de la tierra, es la realidad de la zona de monte. Tenemos la misma mentalidad que en la época de la Forestal”, aseguró Gómez en referencia a la firma de capitales británicos que en el siglo XIX desmontaba bosques en la zona.

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