Mientras Carlos Reutemann intenta no quedar pegado a la privatización del Banco de Santa Fe -y hasta se define como de centro izquierda-, su ex ministro de Hacienda no duda en elogiar la Convertibilidad,  al menos en cuanto a sus efectos sobre los haberes de los jubilados, ni en defender los pactos que firmó con Carlos Menem y Domingo Cavallo, en 1992.

Una indomable madeja de 17 años de acuerdos y reclamos con la Nación -que incluyen varias crisis financieras,  cambios de gobiernos, inflación, uno a uno, salarios congelados,  corralito e hiperinflación, en ese desorden-  debe desenrollarse para comprender por qué Santa Fe debe acudir hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para percibir la totalidad de su coparticipación,  comprometida en parte desde 1992.

Dos jueves atrás en el Senado Provincial,  mientras se debatía una ley que poco tiene que ver con el tema, volvieron –literalmente provocados por Juan Carlos Zabalza– los recuerdos de uno de los protagonistas centrales de aquella decisión: el ex ministro Juan Carlos Mercier, hoy senador por La Capital.

Para  el experto en economía, quienes hoy cuestionan los pactos fiscales los “sacan de contexto”.  De aquellos años recordó que “la implementación de la Ley de Convertibilidad creó una estabilidad, que tradujo en derechos que se debieron pagar –en forma inmediata– no sólo la actualización sino también los retroactivos del 82% móvil” a los jubilados que por vía judicial hicieron los reclamos por los años de inflación en los que no se cumplía con ese porcentaje a nivel nacional.

Dijo que desde la Nación “hubo un planteo en el sentido de que el dinero que había que pagar era inmediatamente recibido por los propios beneficiarios, y que en cantidad de aproximadamente unos 500 mil vivían en la provincia de Santa Fe”. Y agregó: “Vimos entonces que si nosotros contribuíamos a financiar el monto de esos haberes era evidente que habría 500 mil personas que iban a recibir más recursos, que iban a gastarlos en Santa Fe. Se podrá cuestionar o no esta decisión, pero este es el origen”, del pacto fiscal.

Tras advertir que desde el ‘92 los pactos fiscales crearon un piso de coparticipación que resultó ventajoso durante la caída de la recaudación de impuestos coparticipables, mencionó que la Reforma de la Constitución de 1994 congeló las normas sobre el tema, al establecer mayorías especiales para una nueva legislación.
 
“Efecto no deseado”. “Estos pactos fiscales que hoy pueden tener un efecto no deseado ni por los que lo firmaron ni por los actores que los decidieron, seguramente habrá que revisarlos en la medida de las necesidades de la provincia. Pero no se debe pretender hacer cargar las culpas con cosas que no son reales”, defendió Mercier.

Sin embargo, recomendó: “Si a la coparticipación se la queda la Ansés, que no le paga el 82% a los jubilados,  me parece que lo primero que tenemos que hacer, en defensa de los 500 mil santafesinos, es decirle a la Nación que pague lo que manda la ley. En esto estamos todos de acuerdo y soy el primero en ir a apoyarlo. Y además, si producto de que no les han pagado el 82% a los jubilados sobra plata en Anses, también estoy de acuerdo con que le reclamemos que nos devuelvan estos fondos”.

Dijo que con la caída del uno a uno y la actual reaparición de la inflación, otra vez se observa “la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, tal como se daba antes de la Convertibilidad”.

Mientras hablaba de los conocidos yerros del gobierno de la Alianza y de la Rúa, Mercier sufrió uno: dijo que en uno de los pactos fiscales (que el segundo gobierno de Carlos Reutemann rechazó) pretendían imponerse  “nuevas quitas y nuevos despojos a las provincias”, confesó involuntariamente.

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