¿Por qué una estafa de 65 mil millones de dólares, como la del caso Bernard Madoff, en un año tiene sentencia condenatoria y la justicia argentina todavía investiga una de más de 500 millones de dólares, como el caso IBM-DGI, que lleva 13 años y todavía no tiene fecha de juicio oral? ¿Por qué un caso de abuso sexual contra menores lleva siete años y recién se dictó sentencia de condena, aunque el padre Grassi continúa en libertad, mientras que el caso del chacal de Austria –el Monstruo de Amstetten– se descubrió hace un año y ya tiene sentencia de cadena perpetua? ¿Por qué los atentados de Atocha y las Torres Gemelas tiene condenados y los atentados a la embajada de Israel y AMIA todavía no tienen siquiera imputados? ¿Es un problema normativo o un problema de aplicación de leyes? Veamos el caso Garrido (el oficial asesinado en San Isidro): se resolvió en cuatro meses. Pero el caso García Belsunce lleva más de siete años. El sistema jurídico de nuestro país se estructura en base a un orden normativo jerárquico, en el cual prevalece la Constitución nacional y los tratados internacionales por sobre las normas locales, que deben ajustarse a éstos. El asunto es muy técnico, pero si vamos a los efectos prácticos, existen normas de fondo que son de aplicación para todo el país y normas procesales que sirven de aplicación para las jurisdicciones locales. En la práctica, las normas que dominan los juicios son las normas procesales y su interpretación, alcance y extensión no son de aplicación automática sino que están, en gran medida, sujetas a interpretación por los jueces. Los códigos procesales son los que establecen el procedimiento a seguir en los juicios, pero en la práctica los abogados siempre dicen que existe un procedimiento distinto para cada juzgado, lo cual es una absoluta verdad. ¿Por qué los procesos se alargan? Porque las interpretaciones que se dan les sirven a los litigantes para alargarlos. Por ejemplo, el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires señala expresamente que el fiscal que no completa la investigación penal preparatoria en el plazo de cuatro meses, puede ser removido y asignarse a otro fiscal. Las veces que esto ocurrió pueden contarse con los dedos de una mano. Ninguno de los casos ocurridos en el exterior que mencionamos han sido más complejos que los ocurridos en la Argentina, pero por los tiempos parecieran tener la diferencia que existe entre la lectura de una revista de cómic y el tiempo que lleva leer la Enciclopedia Británica. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Nunca se ha encarado una solución integral a este problema, sino que lo que se ha hecho es ir poniendo parches o enmiendas con la finalidad de beneficiar al grupo que hacía más lobby.

Cambiar todo para que nada cambie. Hemos asistido, como ciudadanos, a innumerables declamaciones de los políticos de turno, en las cuales se mencionaba la innovación a través de reformas y cambios que iban a hacer eficiente nuestro sistema judicial. Lamentablemente, los adelantos normativos y tecnológicos que se utilizan en otros países aquí han sido pasados por alto, o, en el mejor de los casos, han sido transcriptos para nunca ser aplicados. Cómo le podemos explicar a una persona que un juicio va a durar años y que su duración, interpretación y normas de aplicación dependerán del tribunal que le toque en suerte o en desgracia? ¿Su proceso va a ser largo o corto? La respuesta es siempre la vergüenza. Pareciera ser que al ser finitos los mandatos de los integrantes de los poderes de los estados –nacional y provinciales–, ellos buscan dar golpes de efecto para obtener beneficios supuestamente inmediatos, pero nunca buscan una reforma integral. ¿Cómo se modifica esto? ¿Cambiando todas las leyes? ¿Cambiando a todas las personas? No. Estableciendo parámetros de calidad comprobada y uniforme, en los cuales, tanto el juzgador como las partes, sepan a qué atenerse, con reglas claras y procedimientos expeditivos. En definitiva, soluciones comprobablemente eficientes. Y para ello es necesario el establecimiento de cánones objetivos de calidad en la aplicación de la justicia. Porque cuando la aplicación del derecho se disloca del sentido común, la garantía de la aplicación justa de la ley se transforma en un secreto técnico arbitrario, lejos del ciudadano, lejos de la República, lejos de la Justicia. Como en toda generalización, no podemos afirmar que la aplicación de la ley por todos los tribunales del país es arbitraria y caprichosa, sino que, en una gran cantidad de casos, todos los parámetros que hemos mencionado, como el de eficacia, se cumplen en mayor o menor medida. Pero la realidad es que tenemos la certeza de que el sistema no los aplica en su totalidad. Estructuralmente, no es eficaz; sólo lo es por accidente. Como está estructurado hoy el sistema judicial, esa eficacia, esa garantía, ese republicanismo, está subordinado a la buena voluntad y sapiencia del funcionario de turno. Un sistema republicano no puede basarse en eso. La esencia de la instauración de la República fue abandonar el capricho del funcionario para someternos, todos, a la justicia de la ley. Entonces, ¿de dónde deben partir las soluciones? ¿Del Poder Ejecutivo? No, ya que él, por la Constitución, promulga las normas que son sancionadas por el Poder Legislativo y aunque tiene facultades para dictar decretos de necesidad y urgencia, las normas a instaurar no serían susceptibles de ser dictadas a través de esos decretos. ¿Del Poder Legislativo? No, ya que promulga las leyes que son de alcance general y no podría dictar normas para las provincias sin avasallar su autonomía. La solución debe salir del dictado de normas a través del propio Poder Judicial y de los ministerios públicos como órganos diferentes en las provincias que corresponda, y siempre partiendo desde sus órganos superiores hacia los inferiores. Es que la productividad de los órganos jurisdiccionales tiene que ver con el manejo del tiempo y el respeto a la calidad de la producción jurisdiccional.

Como se ha dicho, la independencia de todos los integrantes del Poder Judicial, en su conjunto, es presupuesto de la seguridad jurídica. Si en esto se falla, se desjerarquiza la Justicia, se burocratizan los tribunales, se los torna dependientes de los otros poderes y se atomiza su propia esencia. Como existe en otros países, la solución está en proceder a instaurar un sistema objetivo de gestión de calidad, que sea de aplicación en la totalidad de los tribunales y dependencias del Ministerio Público, dependiente de los órganos superiores judiciales para desde allí, en una acción descendente y ascendente, dar las garantías que el ciudadano espera de la República. Los distintos proyectos edilicios, la informatización, la digitalización de datos, la creación de distintas oficinas, ayudan. Pero si hay tribunales que fijan audiencias para resolver litigios para cuatro años después, el sistema no funciona. Son los integrantes del Poder Judicial los que tienen que ser los primeros interesados en que los procesos judiciales duren, como máximo, dos años. El trabajo será más intenso pero mejor, y su propia imagen se verá revitalizada ante los ojos de la sociedad a la que procura brindar soluciones y que espera mucho de él. La deuda con la sociedad tiene que empezar, de una vez por todas, a saldarse. Consideramos que una forma de solucionar estos problemas y dejar la excesiva amplitud de criterios existente es que desde los máximos tribunales de las distintas jurisdicciones se instauren nuevos mecanismos y se creen dependencias que estimulen, impulsen y controlen la gestión de calidad con parámetros objetivos y mensurables, teniendo en miras que los juicios sean lo más breves posibles sin perder la garantía de justicia.

Porque la sociedad y cada uno de los ciudadanos esperan ansiosos que el Poder Judicial imparta justicia. Pero también que esa justicia llegue en un tiempo razonable.

*Abogado

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